Desde la gran crisis económica que sufrió medio mundo allá por 2008 la cantidad de procesos tanto de empresas como de particulares para declarar su insolvencia no ha hecho más que aumentar. Desde luego, muchos de estos casos —la inmensa mayoría— son casos reales, basados en la evidencia y totalmente lícitos. No obstante, como en cualquier otro campo, también se producen fraudes, que tienen consecuencias nefastas para los acreedores.
Son muchas las herramientas de las que disponemos para hacer frente a un posible fraude en cuanto a la insolvencia económica. Uno de los más socorridos, y con grandes resultados, es sin duda una exhaustiva investigación de la situación económica de aquel sujeto que se declara insolvente. Para ello, se investigarán, por un lado, los bienes propiedad del deudor, así como su localización; y, por otro, los movimientos que el sujeto haya realizado con el fin de poder justificar una situación de insolvencia. De forma muy relevante, se procederá a examinar si el deudor ha llevado a cabo un alzamiento de bienes (esto es, tanto donaciones como ventas a terceros con el objetivo de ocultar los bienes de su propiedad que podrían resarcir a sus acreedores).
En un primer paso, se inspeccionará el conjunto de bienes actuales del deudor; es decir, aquellos bienes de los que es propietario en el momento de la presentación de la insolvencia: vehículos, actividad laboral, bienes inmuebles (en todo el país al que pertenece), así como cualquier tipo de participación en órganos sociales. Posteriormente, en una segunda etapa, se indagará cuáles eran los bienes que el deudor poseía justo antes de dicha presentación de insolvencia, con el fin de comparar una situación y otra, de lo que se concluirá si se ha producido una situación de alzamiento de bienes. En una tercera fase, se procederá a la investigación de la titularidad de estos bienes, esto es, a quién pertenecen.
De esta forma, a través de estas indagaciones, lo que se persigue es lograr cuantas más pruebas documentales mejor, con el objetivo de poder demostrar que se ha llevado a cabo un alzamiento de bienes o bien realizar los embargos pertinentes para poder resarcir a los acreedores.
Con todo, este tipo de pruebas también las pueden solicitar los deudores, para poder demostrar su situación de insolvencia. En este sentido se procederá a realizar las mismas investigaciones, pero en este caso para probar la veracidad de los hechos, no el fraude.
Como es lógico, en estos procesos y para lograr pruebas legales, se precisa de profesionales altamente cualificados y con la experiencia apropiada. En Toxan Detectives, su agencia de detectives privados en Barcelona, contamos con un gran equipo para poder llevar a cabo los pasos necesarios con el fin de recabar la información precisa tanto en estos casos, como en otro tipo de fraudes. No dude en contactar con nosotros, estaremos encantados de ayudarle.
