Una de las preguntas que más nos hacen quienes han contratado los servicios de un detective privado es precisamente esta: ¿puede el juez condenar a la otra parte a pagar el detective? La respuesta corta es sí, pero con matices importantes que conviene entender antes de iniciar cualquier proceso judicial. En este artículo te explicamos cuándo es posible recuperar el coste de la investigación, qué condiciones deben cumplirse y cómo maximizar tus posibilidades de que el juez lo estime así.
¿Qué son las costas judiciales y por qué importan aquí?
Cuando un juicio termina con sentencia favorable para una de las partes, el tribunal puede imponer las costas del proceso a quien ha perdido. Las costas incluyen los honorarios de abogado, procurador, peritos y, en determinadas circunstancias, también los gastos de investigación privada. Sin embargo, la inclusión de la factura del detective no es automática: depende de cómo se haya incorporado esa prueba al procedimiento y de si el juez considera que era necesaria para sustentar la demanda o defensa.
El marco legal se encuentra principalmente en el artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), que regula la condena en costas en procesos civiles, y en el artículo 123 del Código Penal para el ámbito penal. En ambos casos, el principio general es el de «vencimiento objetivo»: quien pierde, paga. Pero la clave está en que el gasto del detective sea reconocido como un coste necesario y proporcionado.
¿Cuándo puede el juez incluir los honorarios del detective en las costas?
1. Cuando la prueba del detective es determinante para la resolución del caso
Si el informe de investigación ha sido la prueba central que ha permitido acreditar los hechos —una infidelidad en un divorcio contencioso, un fraude en una baja laboral, un incumplimiento de contrato o una pensión de alimentos cobrada de forma fraudulenta—, el juez tiene base sólida para incluir esos honorarios en las costas. La proporcionalidad es clave: cuanto más decisiva haya sido la prueba, más difícil le resulta al tribunal ignorar ese gasto.
2. Cuando la investigación ha sido necesaria y no existía otra forma de obtener la prueba
Los jueces valoran si el cliente tenía alguna alternativa razonable para probar los hechos sin recurrir a un detective. En muchos casos —vigilancias, seguimientos, constatación de conductas— simplemente no existe otra vía. Esto refuerza el argumento de que el gasto era inevitable e imprescindible para el ejercicio del derecho.
3. Cuando el detective está debidamente habilitado y el informe cumple los requisitos legales
Aquí entra un elemento crítico: solo los detectives privados con licencia oficial pueden emitir informes con valor probatorio en juicio. Un informe elaborado por alguien sin habilitación no solo no será admitido como prueba, sino que tampoco podrá reclamarse su coste en costas. Por eso es fundamental entender qué diferencia a un detective profesional de un intruso antes de contratar cualquier servicio de investigación.
Ámbito civil: divorcios, custodia y pensiones alimenticias
El terreno donde más se plantea esta cuestión es el derecho de familia. En procedimientos de divorcio contencioso, disputas por la custodia de los hijos o litigios sobre pensiones alimenticias, los honorarios del detective han sido incluidos en costas en numerosas sentencias de distintas audiencias provinciales españolas.
En estos casos, el tribunal suele analizar si la contratación del detective era razonable dadas las circunstancias: si había indicios previos de la conducta investigada, si el resultado fue positivo y si ese resultado fue relevante para la decisión final. Cuando se cumplen estos tres puntos, la probabilidad de que el juez condene a la contraparte a asumir esos gastos aumenta considerablemente.
Entender qué pruebas puede aportar un detective en un juicio es el primer paso para construir una estrategia sólida que no solo gane el caso, sino que también permita recuperar la inversión realizada en la investigación.
Ámbito laboral: bajas fraudulentas y competencia desleal
Las empresas son otro de los grandes usuarios de detectives privados, especialmente en casos de trabajadores en situación de baja médica que realizan actividades incompatibles con su supuesta incapacidad, o empleados que, mientras están de baja, trabajan para la competencia. En estos supuestos, si la empresa gana el juicio —ya sea en el orden social o en el civil—, puede solicitar que los honorarios del detective se incluyan en las costas.
La jurisprudencia en este ámbito también es favorable cuando el informe del detective ha resultado determinante. El Tribunal Supremo ha reconocido en diversas ocasiones la validez probatoria de estos informes, lo que abre la puerta a su inclusión en la condena en costas.
Ámbito penal: ¿también se puede reclamar?
En el proceso penal, la posibilidad existe aunque es más restringida. El acusador particular o la acusación privada pueden incluir los honorarios del detective dentro de los gastos de la acusación si este ha contribuido a la investigación del delito. Casos de acoso —donde un detective privado puede ayudar en situaciones de stalking documentando la conducta del acosador—, delitos patrimoniales o fraudes son ejemplos donde esto cobra especial relevancia.
Sin embargo, en materia penal el criterio judicial es más estricto y no siempre se admite. La recomendación es siempre contar con asesoramiento jurídico específico que valore las posibilidades en cada caso concreto.
Errores que pueden impedir la recuperación del gasto
Existen varios errores frecuentes que hacen que el juez no condene a la otra parte a pagar los honorarios del detective, aunque la sentencia sea favorable:
- Contratar a alguien sin licencia oficial: El informe carecerá de valor y el gasto no podrá reclamarse. Recuerda revisar siempre la habilitación del investigador.
- No aportar el informe como prueba formal: Si el informe no se incorpora correctamente al proceso —con ratificación del detective en juicio cuando sea necesaria—, no puede reclamarse su coste en costas.
- Investigación desproporcionada al litigio: Si el coste de la investigación resulta excesivo en comparación con el objeto del litigio, el juez puede rechazar total o parcialmente su inclusión en costas.
- No solicitarlo expresamente: La condena en costas no incluye automáticamente los honorarios del detective. Tu abogado debe solicitarlo de forma expresa y justificada en la demanda o en las conclusiones del juicio.
El papel del abogado y del detective en la estrategia legal
Para maximizar las posibilidades de recuperar el coste de la investigación, la coordinación entre el abogado y el detective desde el inicio es fundamental. El detective debe saber qué hechos necesita acreditar para que el informe sea útil al proceso, y el abogado debe incorporar ese informe de la manera procesalmente correcta.
Además, conviene conocer de antemano qué casos puede investigar un detective privado dentro del marco legal vigente, porque solo las investigaciones realizadas dentro de ese marco tendrán eficacia probatoria —y solo estas podrán reclamarse en costas—.
Cuando esta coordinación funciona bien, el resultado no solo es una sentencia favorable: es también la posibilidad real de que quien ha actuado de mala fe asuma todos los costes generados, incluidos los de la investigación que destapó su conducta.
Un consejo práctico antes de contratar
Si estás valorando contratar un detective y tienes en mente un futuro proceso judicial, pide desde el principio una factura detallada que describa claramente los servicios prestados. Este documento, junto con el informe de investigación y la ratificación del detective en juicio si fuera necesaria, será la base sobre la que tu abogado podrá reclamar la condena en costas. Un buen detective privado, además de realizar un trabajo riguroso, te explicará exactamente cómo debe documentarse el encargo para que todo quede en regla de cara al procedimiento. La transparencia en este punto es también una señal de profesionalidad que conviene tener en cuenta al elegir con quién trabajar.