Cámaras ocultas y no ocultas: cuándo y dónde ponerlas

cámaras ocultas

En nuestro país, cualquier investigación privada efectuada por un particular se suele considerar ilícita, pudiéndose incurrir en un delito contra la intimidad e imagen de aquella persona o personas afectadas por tales prácticas. Y la grabación con cámaras ocultas no queda fuera de esta máxima. Sin embargo, esta misma práctica llevada a cabo por un profesional puede llevar a buen puerto una investigación y posterior juicio. No obstante, hay una serie de requisitos que deben cumplirse para poder estar amparado por la ley.

Ámbito privado versus ámbito público

Lo primero que deberemos discernir para poder saber dónde el uso de una cámara oculta es legal o no es diferenciar entre espacios públicos y espacios privados, como por ejemplo lugares de trabajo. En el primero de los casos, el espacio público, en nuestro país solo las fuerzas de seguridad están capacitadas para hacer uso de cámaras de vigilancia. Esto incluye la totalidad de la vía pública, es decir, todos aquellos espacios de tránsito (como calles o plazas, por ejemplo). El objetivo del uso de este tipo de cámaras no es otro que el de velar por la seguridad ciudadana, aunque de este se deriva otro no menos importante: estos aparatos tienen una función preventiva y esta es la disuasión: si un delincuente sabe que le están grabando, probablemente desistirá de llevar a cabo su delito.

Sin embargo, en un ámbito privado como el laboral es posible el uso de cámaras de vigilancia. La ley es clara al respecto, y se refleja en el Estatuto de los Trabajadores, que especifica: “el empresario podrá adoptar las medidas que estime más oportunas de vigilancia y control para verificar el cumplimiento por el trabajador de sus obligaciones y deberes laborales, guardando en su adopción y aplicación la consideración debida a su dignidad humana y teniendo en cuenta la capacidad real de los trabajadores disminuidos, en su caso”.

Generalmente, con estas cámaras lo que se pretende es llevar un control de aspectos tales como los horarios de entrada y salida de los trabajadores, el control de calidad, el control de las cajas, el buen desempeño de las funciones de los empleados y un largo etcétera. No obstante, existen algunas restricciones, como aquellas que atentan contra la intimidad de los trabajadores, por lo que habrá ciertas normas que se deberán cumplir si se pretende instalar una cámara de seguridad en estos espacios. Por un lado, el uso de cámaras debe informarse tanto a clientes y usuarios como a trabajadores: esto es, deberemos informales de que están siendo grabados. Por el otro, no se podrán instalar cámaras en lavabos y vestuarios, con o sin notificación de su uso y bajo ningún concepto, pues esto atentaría directamente con el derecho a la intimidad de las personas.

Las grabaciones como pruebas

En cuanto a las grabaciones y su validez como prueba, no existe una legislación específica para ello. No obstante, sí que contamos con una serie de sentencias que, a lo largo del tiempo, han servido para sentar jurisprudencia, y en este aspecto hay que conocer que estas grabaciones, ya sean en el ámbito público como en los centros de trabajo, serán válidas siempre y cuando cumplan con las condiciones citadas anteriormente; a saber, que la persona grabada sepa de la existencia de la cámara y que las grabaciones se hayan efectuado en espacios legales.

Por otro lado, aquellas grabaciones que se hayan obtenido a partir de cámaras ocultas no suelen tener en los tribunales la misma aceptación que las anteriores, porque se vulnera con ello la primera de las condiciones; es decir, que la persona grabada sea consciente de la grabación. Sin embargo, se pueden dar casos en los que efectivamente estas grabaciones con cámara oculta sí se acepten por parte de un tribunal. Veámoslos.

En primer lugar, que las grabaciones no puedan atentar contra ningún derecho reconocido por la Constitución. En segundo lugar, en el caso en el que sea evidente la imposibilidad de probar un delito por cualquier otra vía distinta a la grabación que procede de una cámara oculta. Y en tercer y último lugar, que el contenido de la grabación ofrezca al tribunal una prueba fehaciente y una realidad total de un delito evidente.

Como hemos podido comprobar, el uso de cámaras ocultas y, sobre todo, el uso de las grabaciones como pruebas en un juicio no están exentos de matices. No hay una ley que lo regule, pero en ciertos casos se admiten como prueba. Y los únicos profesionales acreditados legalmente para hacer uso de estas cámaras son los detectives privados. En Toxan Detectives, contamos con una plantilla de expertos profesionales que le informarán de todo aquello relacionado con el uso de las cámaras ocultas a todos los niveles y procederemos si así lo desea a instalar aquellas cámaras que sean necesarias para poder conseguir pruebas para su caso. No dude en consultarnos.

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